La ejecución de decisiones judiciales, especialmente aquellas relacionadas con el régimen de visitas con el niño, a menudo se acompaña de intentos por parte de una de las partes de crear barreras burocráticas artificiales. La situación en la que la abuela o el abuelo (en adelante, el abuelo) del lado de la madre, con la que vive el niño, requiere proporcionar documentos adicionales (por ejemplo, una certificación del propio padre u otros documentos) en el momento determinado por el tribunal para la transferencia del niño al padre, es un ejemplo clásico de abuso del derecho y sabotaje procesal. Esto no es un requerimiento legal, sino una táctica estratégica destinada a frustrar la ejecución de la decisión, crear conflicto y desacreditar al padre.
El mandamiento ejecutivo es un documento emitido por el tribunal basado en una resolución judicial ejecutoria. Su contenido es obligatorio para su ejecución por todas las personas que lo afectan. En la decisión judicial sobre el régimen de visitas se especifican claramente el tiempo, el lugar y las condiciones de la transferencia del niño. No se pueden exigir condiciones adicionales no indicadas en la decisión.
El estatus jurídico del abuelo: El abuelo, que no es parte del procedimiento ejecutivo (acreedor o deudor), actúa en este caso como la persona que realmente retiene al niño. Jurídicamente, está obligado a entregar al niño al padre sin obstáculos basándose en el mandamiento ejecutivo presentado. Su desacuerdo personal con la decisión del tribunal o sus "requerimientos" subjetivos no tienen ninguna fuerza jurídica y son actos autónomos.
El requerimiento de una certificación u otro documento en el momento crítico de la transferencia persigue varias objetivos estratégicos:
La frustración de una reunión específica: La creación de un conflicto artificial y el retraso del tiempo. Mientras el padre intenta explicar la ilegalidad de los requerimientos o (lo que es peor) corre para obtener una certificación inútil, el tiempo asignado por el tribunal se agota. El objetivo se alcanza: la reunión se frustra.
La provocación de un conflicto y la fijación de "inadecuación": La expectativa de que el padre, al enfrentarse a un requerimiento absurdo, mostrará ira, indignación y entrará en una discusión. Esto da a los abuelos o a la madre la oportunidad de alegar en el tribunal o en las autoridades de protección de la infancia que el padre "se comporta de manera agresiva, no constructiva, no puede llegar a un acuerdo" y, por lo tanto, es "peligroso" entregarle al niño. El requerimiento de la certificación se omite, dejando únicamente la grabación o las declaraciones de testigos sobre el conflicto.
La establecimiento de su propio "control" sobre el procedimiento: Esto es una tentativa de imponer su propia procedura adicional, no prevista por el tribunal, colocando al padre en una posición dependiente y demostrando que el poder real sobre el proceso sigue siendo de la familia de la madre.
La creación de un precedente negativo: Si el padre una vez se rinde y proporciona alguna certificación innecesaria, en la próxima vez pueden exigir dos certificaciones o otro documento. De esta manera, se forma una procedimiento adicional ilegal, el incumplimiento del cual se utilizará como pretexto para el rechazo.
Desde el punto de vista de la ley, el requerimiento es absolutamente innecesario:
El mandamiento ejecutivo es un documento exhaustivo. Para el oficial de ejecución judicial y para las personas obligadas a cumplir con la decisión, basta con presentar este documento. La identidad del padre se acredita con su pasaporte.
La certificación no es un documento que acredite el derecho. Ningún acto normativo prevé que el padre deba tener una certificación emitida por él mismo para obtener a su hijo por resolución judicial.
La violación del principio de certeza jurídica: La decisión judicial debe cumplirse en el formato en que se formuló. La adición de condiciones propias por parte de terceros es un intento de desafiar el autoridad judicial.
Ejemplo de la práctica judicial: En un caso del Tribunal Provincial de Moscú, la abuela (madre del demandado) se negó a entregar al nieto al padre, requiriendo una certificación de salud y una carta de recomendación de su lugar de trabajo. El tribunal, al considerar la cuestión de la responsabilidad de la abuela por el incumplimiento de la decisión, señaló que sus acciones son "un sabotaje flagrante a la ejecución del acto judicial, no basado en la ley" y impuso una multa significativa según el párrafo 2 del artículo 113 de la Ley Federal "Sobre la ejecución judicial".
Es crucial actuar sin emociones, de manera procesalmente competente, registrando cada paso.
La fijación del hecho del requerimiento. Al encontrarse con el abuelo, es necesario activar un grabador o grabación de video (respetando las reglas de la grabación bidireccional de la conversación, si es necesario según las normas regionales). Hacer preguntas claras y tranquilas: "¿Usted se niega a entregar a [nombre del niño] según la decisión judicial n.°… del [fecha]? ¿Requiere que le proporcione una certificación? ¿Cuál? ¿Por qué razón? ¿Dónde está este requerimiento escrito en la decisión judicial?".
El rechazo tranquilo y la explicación. Explicar que el requerimiento es ilegal y que usted actúa en base al mandamiento ejecutivo. Mostrar al abuelo su pasaporte y el mandamiento ejecutivo. Ofrecerle que llame inmediatamente al oficial de ejecución judicial que lleva su caso para aclaraciones.
El contacto inmediato con el oficial de ejecución judicial. Si la transferencia no se lleva a cabo, es necesario notificar por escrito al oficial de ejecución judicial sobre el hecho de la resistencia el mismo día. Adjuntar a la notificación la grabación de audio/video, y, si es posible, las declaraciones de testigos (por ejemplo, de un familiar que estaba presente en ese momento). Reclamar al oficial:
Elaborar un acta de incumplimiento de la decisión judicial.
Dictar una resolución sobre la imposición de una multa al abuelo (como a la persona que retiene al niño) según el párrafo 2 del artículo 113 de la Ley Federal "Sobre la ejecución judicial" (multa para los ciudadanos de 2 000 a 2 500 rublos, y en caso de reincidencia hasta 10 000 rublos).
Adoptar medidas para la conducción forzosa del abuelo para aclaraciones.
Considerar la cuestión de la establecimiento de un lugar para la transferencia forzosa del niño (por ejemplo, en el recinto de la Oficina Federal de Servicios de Ejecución de la Ley o en un lugar público neutral bajo el control del oficial).
Presentar una solicitud al tribunal para la determinación del régimen de visitas con la indicación del lugar de transferencia. Si los incidentes se repiten, el padre puede acudir al tribunal con una demanda específica, donde se detalla que la transferencia del niño debe realizarse no en el lugar de residencia de la madre/del abuelo, sino en un lugar neutral, controlado, como el pasillo de una estación de policía, el vestíbulo de una escuela/despacho, un parque cerca de un monumento, en presencia del oficial de ejecución judicial o, temporalmente, de un representante del organismo de protección de la infancia. Esto excluye la posibilidad de crear obstáculos privados.
El niño, que se convierte en testigo involuntario o rehén de tal situación, experimenta un fuerte estrés. Es importante:
Nunca discutir negativamente las acciones del abuelo o la madre en presencia del niño.
Explicar al niño de manera clara y sencilla que papá vino porque el tribunal le permitió reunirse con él, y que esto es normal y legal.
Si la reunión se ha frustrado en esta ocasión, decirle al niño que está muy triste, pero que definitivamente se verán en la próxima vez según el horario. Esto da al niño una sensación de previsibilidad y seguridad.
El requerimiento de una certificación en el momento de la ejecución de la decisión judicial no es una curiosidad cotidiana, sino una táctica consciente de sabotaje procesal. Está dirigida a probar la determinación del padre, su cultura jurídica y su estabilidad emocional.
Para resistir esto, solo se puede seguir estrictamente la letra de la ley y utilizar activamente los mecanismos de ejecución forzosa. La pasividad y las tentativas de "acordarse bien" en esta situación juegan en favor de la parte opuesta, reforzando su sensación de impunidad. El oficial de ejecución judicial en esta situación es el aliado clave y debe ser utilizado de manera maximamente operativa y documentalmente justificada. Cada hecho registrado de resistencia debe convertirse en una base para sanciones procesales que se acercan al momento en que la decisión judicial se cumpla sin excepciones.
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