En el contexto de disputas altamente conflictivas sobre la custodia y el régimen de visitas con el niño, a veces se utilizan estrategias poco éticas pero formalmente ajustadas al marco legal, destinadas a minimizar o eliminar por completo el contacto del niño con el progenitor que vive separado (generalmente el padre). Estas técnicas, aplicadas por el abogado que actúa en interés de la madre-clienta, apelan no a una evaluación objetiva del bienestar infantil, sino a formalismos legales, demoras procesales y manipulación de estereotipos socioculturales. Su objetivo no es proteger al niño de una amenaza real, sino crear en el tribunal una imagen negativa persistente del padre, lo que conduce al alejamiento de hecho y luego legal.
No se trata de una denuncia aislada, sino de un aumento progresivo de las acusaciones, a menudo pasando de abstractas a concretas.
Etapa 1 (Desacreditación de la persona): Se solicitan peritajes psicológicos y psiquiátricos del padre con formulaciones como «tendencia a la agresión», «trastorno narcisista». El objetivo es sembrar dudas sobre su adecuación mental.
Etapa 2 (Acusaciones de violencia): Se presentan denuncias policiales por «violencia doméstica» pasada o «amenazas» actuales. Incluso si se rechaza abrir un proceso penal, el hecho de la investigación se utiliza en el tribunal como argumento («está bajo investigación»).
Etapa 3 (Acusaciones de maltrato infantil): Se afirma que después de las visitas con el padre, el niño regresa «excitado», «llorando», «con un moretón de origen desconocido». Se requiere un examen médico urgente y la restricción temporal de las visitas. Importante: las acusaciones se formulan deliberadamente de manera vaga para dificultar su verificación y fácil refutación, pero su peso emocional es grande.
Ejemplo de práctica judicial: El padre fue sometido tres veces en un año a peritajes psicológicos judiciales a solicitud del abogado de la madre, cada vez siendo declarado cuerdo y no peligroso. Sin embargo, en el expediente quedó un rastro de tres peritajes que creaban en el juez una impresión subconsciente de un «padre problemático».
El objetivo es hacer que el ejercicio de los derechos parentales por parte del padre sea lo más caro, prolongado y psicológicamente insoportable posible.
Rechazos y aplazamientos sistemáticos: El abogado de la madre presenta numerosas solicitudes insignificantes (para requerir documentos adicionales, citar testigos de otra parte del país), pide aplazamientos de audiencias con cualquier pretexto (enfermedad del niño, ausencia de testigos).
Abuso de apelaciones: Cualquier decisión intermedia, incluso si parcialmente favorable al padre, es apelada, prolongando el proceso durante años. Durante este tiempo, el niño consolida de hecho un único estilo de vida — con la madre, lo cual luego se usa como argumento a su favor («el niño está acostumbrado»).
Presión financiera: El padre se ve obligado a asumir gastos enormes en abogados, peritajes y costos judiciales, lo que puede llevarlo a la bancarrota y se usa como prueba de su «insolvencia financiera» como progenitor.
Uso del concepto de «violencia psicológica» en interpretación amplia: Cualquier acción del padre que cause incomodidad al niño (exigir hacer tareas, limitar el tiempo de juego) puede presentarse como «presión psicológica» y «acoso». Esto es especialmente efectivo si se involucra a un psicólogo «aliado» que emita un dictamen sobre la «influencia perjudicial» del padre en el estado emocional del niño.
Apelación al «apego» como monopolio de la madre: Citando la teoría del apego de J. Bowlby, el abogado puede afirmar que la separación de la madre (incluso durante el fin de semana) causará un daño irreparable al niño. Se ignora el hecho de que el apego saludable es una jerarquía de figuras, y el padre es una de las claves.
Creación de la imagen del «padre visitante»: Se defiende con todas sus fuerzas un horario de visitas «cada segundo domingo de 10 a 18», que formalmente respeta los derechos del padre, pero en la práctica reduce su rol a un mero animador, excluyéndolo de la vida cotidiana del niño (ayuda con tareas, visitas médicas, rituales diarios).
Control total de la correspondencia: El abogado insiste en que toda comunicación del padre con el niño (llamadas, mensajes) se realice solo a través de canales oficiales y registrados (aplicaciones especiales recomendadas por el tribunal o en presencia de la madre). Esto convierte la comunicación viva en un trámite formal.
Obstaculización del contacto con el entorno: Bajo el pretexto de «preservar la tranquilidad del niño», se limitan o prohíben los contactos con los abuelos paternos, destruyendo todo el sistema de apoyo familiar paterna.
Uso del niño como fuente de información: El niño (especialmente adolescente) puede ser preparado para informar a la madre (y a través de ella al abogado) sobre detalles de la vida del padre, su situación financiera y relaciones personales, que luego pueden usarse en el tribunal.
Muchas de las técnicas descritas no son formalmente ilegales. Sin embargo, cruzan la línea ética de la actividad legal si su único objetivo no es la defensa del cliente, sino causar daño a la otra parte a través del niño. También contradicen el principio de prioridad del interés del niño, consagrado en el Código de Familia de la Federación Rusa y en convenciones internacionales.
Estrategias contra para contrarrestar (para el padre y su abogado):
Documentar todo: Llevar un registro de encuentros con el niño (fotos, videos de carácter neutral), conservar toda la correspondencia, grabar conversaciones (de acuerdo con la legislación sobre grabaciones). Cualquier obstáculo a la comunicación debe registrarse.
Uso activo de la pericia psicológico-pedagógica judicial (PPPJ): No esperar la iniciativa de la parte contraria, sino solicitar uno mismo una pericia integral que estudie: a) las relaciones padre-hijo con ambos progenitores; b) posible impacto del conflicto en el niño; c) adecuación de los horarios de visitas propuestos a la edad y necesidades del niño. El dictamen de la PPPJ tiene gran peso en el tribunal.
Exigir un régimen de visitas específico y detallado: No «de común acuerdo con la madre», sino un horario claro que incluya días laborables, festivos, vacaciones, y el procedimiento para informar sobre la salud y el progreso del niño.
Presentar demanda para determinar la residencia del niño con el padre en casos de alejamiento extremo y abuso probado de los derechos maternos. Esto cambia toda la dinámica del proceso, trasladando al padre de la defensa a la acción.
Recurrir a las autoridades de tutela con una queja por la violación del derecho del niño a comunicarse con el padre y ser criado por él en un ambiente conflictivo. Esto crea un órgano de control adicional.
El uso de técnicas destinadas a promover el alejamiento parental es una forma extrema de reduccionismo legal, cuando los intereses del cliente adulto (la madre) se absolutizan y el interés supremo — el bienestar del niño — se sacrifica. Estas tácticas explotan la lentitud y saturación del sistema judicial, así como la vulnerabilidad emocional de las partes.
El desafío para el tribunal y el sistema legal es aprender a distinguir preocupaciones justificadas de campañas estratégicas de difamación. La herramienta clave aquí no es el derecho, sino el enfoque interdisciplinario — involucrar a psicólogos infantiles competentes y expertos que puedan «leer» detrás de los documentos procesales secos el estado real del niño y la naturaleza de las relaciones familiares. En última instancia, la lucha contra estas técnicas es una lucha para que el tribunal de familia siga siendo un instrumento de protección de los derechos del niño y no un escenario para una guerra psicológica implacable entre adultos.
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